Por Leandro Albani
El viernes pasado, el pueblo palestino
salió a las calles para conmemorar el Día del Preso Palestino, fecha
instaurada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para recordar y
reclamar por los ciudadanos encarcelados por Tel Aviv.
Seis mil ochocientos, pero pueden ser más. En
realidad, son muchos más, porque desde la creación del Estado de Israel
en 1948 los palestinos y las palestinas sufren un peregrinar por las
cárceles hebreas que no se detiene hasta el día de hoy. La vejación, la
tortura, el encarcelamiento sin acusación, el aislamiento total y la
ausencia del derecho a la defensa son los mecanismos que los sucesivos
gobiernos israelíes aplican contra hombres, mujeres y niños de una
tierra que se niega a desaparecer en Medio Oriente.
En la última semana, se conocieron cifras y
denuncias en referencia a los presos de Palestina que confirman el plan
represivo que Israel despliega de manera cotidiana sobre los territorio
ocupados.
El titular del Club de Prisioneros Palestinos
(CPP), Qadura Fares, reveló que en la actualidad 6.800 palestinos y
palestinas se encuentran en las cárceles israelíes, de los cuales 205
son niños, 21 mujeres y 14 funcionarios de la ANP y el Parlamento. Fares
señaló que la gran mayoría de los prisioneros fueron detenidos sin
juicio previo y sin tener pruebas concretas en su contra. Desde el CPP
agregaron que 700 presos se encuentran en situaciones graves de salud y
que las autoridades les niegan la atención médica.
Sobre la fragilidad sanitaria que viven los
prisioneros palestinos, en marzo pasado la Sociedad Civil de Presos y
Ex-presos Palestinos (SCPEP), Husam, advirtió que existe el riego de que
aumente la posibilidad de que los detenidos contraigan cáncer porque
son expuestos a “niveles elevados de radioactividad en las cárceles”. La
entidad recordó que hasta el momento 15 prisioneros contrajeron la
enfermedad y están en una situación en la que podrían fallecer. Desde
Husam explicaron que la posibilidad de enfermarse de cáncer se debe a
que las autoridades penitenciarias mantienen en las cercanías de las
cárceles “dispositivos para interferir señales satelitales y
telefónicas”. También denunciaron que los centros de detención se
encuentran “cerca de las instalaciones nucleares de Dimona, en el
desierto de Néguev, en el sur de los territorios ocupados, o en la
cercanía de lugares donde se deposita desechos tóxicos”.
Por su parte, cuatro organizaciones de
derechos humanos (Adalah, Al-Mezan, PHR-I y PCATI) difundieron una
declaración conjunta en la que demandan a la comunidad internacional que
inste a Tel Aviv a respetar los derechos humanos de los presos y las
presas de Palestina. En el comunicado se reveló que han aumentado los
casos de torturas contra los prisioneros palestinos, incluido los
menores de edad que se encuentran retenidos.Los organismos recordaron
que días atrás, el Tribunal Supremo de Israel prohibió la educación
superior para los presos políticos palestinos, derecho que se mantenía
desde hacía veinte años.
Otras irregularidades denunciadas por las
organizaciones de derechos humanos son las condiciones de transporte de
los encarcelados, a quienes se los somete “a largos desplazamientos en
vehículos de correos, sin alimentos ni agua y sin paradas para ir al
baño, lo que implica que muchos rechacen el tratamiento médico o los
procedimientos judiciales”. A su vez, se denunció la aplicación de la
alimentación forzada a quienes realizan huelgas de hambre y la
extracción de “falsas confesiones bajo coacción”.
Adalah alertó que en el último año el Estado
israelí aumentó “espectacularmente” la utilización de la detención
administrativa, que se duplicó “desde 181 casos en febrero de 2014 a 424
en febrero de 2015″. Las detenciones administrativas permiten a Israel
encarcelar a las personas sin acusaciones reales ni juicio. El 10 de
abril pasado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos (OHCHR) llamó al gobierno hebreo a suspender estas
detenciones, ya que se mantiene a los civiles “encarcelados sin cargos, a
menudo sobre la base de evidencias secretas, durante períodos
indeterminados de tiempo”. Como ejemplo, la agencia de Naciones Unidas
señaló el de la diputada palestina y dirigente del frente Popular por la
Liberación de Palestina (FPLP), Khalida Jarrar, arrestada a principios
de abril y puesta a disposición del Tribunal Militar de Ofer, en
Cisjordania. La OHCHR expresó que Jarrar podría ser “detenida durante
seis meses, sin cargos ni juicio” y su encarcelamiento renovado
indefinidamente.
La portavoz del Alto Comisionado, Ravina
Shamdasani, declaró que “la práctica israelí de la detención
administrativa ha sido condenada en numerosas ocasiones por el Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos
Humanos que supervisa la implementación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que Israel ha ratificado”.
Veinticuatro horas antes que se conmemorara el
Día del Prisionero Palestino, cientos de palestinos y palestinas
salieron a las calles de Cisjordania para demandar la libertad de sus
compatriotas. La respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes fue
contundente: una decena de personas heridas, una de las cuales perdió un
ojo por el impacto de una bala de goma y un número indeterminado de
apresados que fueron trasladados a centros de detenciones.
Desde la creación del Estado de Israel, miles
de palestinos y palestina pasaron por cárceles y centros de detención, y
muchos de ellos dejaron sus vidas entre los cementos, los barrotes y el
dolor de la injusticia. Pero la tragedia de los prisioneros palestinos
no es un caso cerrado, porque en las calles de Cisjordania y Gaza (como
en muchas calles del mundo) el reclamo por la liberación de los
detenidos es constante, más allá de la furia represiva de Israel.
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